El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha ha apoyado públicamente, mediante un comunicado, la petición de indulto de Manuel García Sánchez, agente de la Policía Local de Caudete condenado por la Audiencia Provincial de Albacete a una pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el plazo de dos años como autor penalmente responsable de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
Según el sindicato, esta pena es "totalmente desproporcionada" puesto que el agente "no causó daño ni perjuicio alguno a la administración ni a los ciudadanos" y, además, "está totalmente arrepentido". Lo hechos por los que el policía Manuel García ha sido condenado se produjeron en 2007, "cuando al observar que había desaparecido una diligencia de puesta en libertad de un detenido en un atestado instruido, sin pensar realmente lo que hacía y bastante agobiado porque no aparecía una diligencia y había que remitir el atestado al Juzgado, en lugar de mandar el atestado sin la diligencia de puesta en libertad del detenido, bajó del ordenador la diligencia original confeccionada días atrás y plasmo en la misma la firma de los actuantes en la diligencia". El sindicato asegura que, "a pesar de que la intención del agente no era falsear nada, puesto que la realidad es que la diligencia se había realizado de forma efectiva y en la forma que constaba en el atestado, finalmente fue condenado y está, evidentemente, arrepentido sin saber muy bien qué hacer para enmendar el error". "La condena es desorbitada y desproporcionada, sin tener en cuenta que, como no podía ser de otro modo, con el acto ilícito cometido no se ha obtenido beneficio de ningún tipo, cuanto menos económico, ni se ha causado daño alguno a las personas ni a la administración. Solamente pretendía que el atestado estuviera bien confeccionado y que el mismo saliera cuanto antes de las dependencias de la Policía Local, ya que por ese motivo no había salido al Juzgado en el plazo que legalmente nos establecen, sin llegar a alcanzar nunca la dimensión real de lo que hacía y de las irremediables consecuencias que ello conllevaba personalmente y, por ende, para la familia", añade el Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha en su relato. No entró en prisión pero se queda sin trabajo En 2013, una vez adquirió firmeza la sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete, al no admitirse a trámite el recurso en casación por parte del Tribunal Supremo, se ordenó el ingreso en prisión del agente, que qudó paralizado por la solicitud entonces de un primer indulto que fue resulto en enero de 2017, cuando ha sido conmutada la pena privativa de libertad por otra de dos años de inahibilitación. En febrero de 2017 el Ayuntamiento de Caudete hizo efectiva la ejecutividad de la sentencia respecto a la pena de inhabilitación de dos años para su profesión, lo que conlleva la pérdida definitiva de la condición de funcionario y, a juicio del sindicato, "un perjuicio irreparable y desproporcionado al compañero y a su vida familiar, ya que queda sin trabajo y sin ingresos, además de ir contra del derecho fundamental y constitucional de reinserción social". Por ello se ha solicitado un segundo indulto sobre la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante dos años con el fin de que Manuel García no pierda su condición de funcionario. Por su parte, la Ejecutiva Regional del Sindicato Profesional Policías Locales de Castilla-La Mancha ha acordado mantener la afiliación de Manuel García, corriendo a cargo de la cuenta del Sindicato los gastos de afiliación, así como los gastos jurídicos que se deriven de la defensa de los derechos del mismo. |
| http://www.eldigitalcastillalamancha.es/la-tragedia-de-manuel-un-policia-de-la-region-que-se-queda-sin-trabajo-por-un-241044.htm |
